Monday, August 8, 2016

¡PAGAR AL CONTAMINADOR $800 MILLONES! LA INJUSTICIA DEL INTERCAMBIO COMERCIAL PARA LOS NIÑOS DE LA OROYA

“Los niños son el recurso más importante del mundo y la mejor esperanza del futuro” ~John F Kennedy


Foto:Oroyaperu.blogspot

Traducido al Español del original en inglés

Pay the polluter $800 million! Trade deal injustice for the children of La Oroya.

Friends Of the Earth
Publicado: abril 16, 2012
Por: Bill Warren 

"Hay una epidemia silenciosa aquí. Los efectos en los niños no son fácilmente visibles, pero ellos tienen todo tipo de problemas graves de salud, y estos solo empeorarán si la fundición vuelve a abrir", dice Hugo Villa, un médico local.

Según el Instituto Blacksmith, una organización sin fines de lucro, “a non profit think tank” los niños de La Oroya, Perú, viven en uno de los diez lugares más contaminados del mundo. En esta ciudad a 33.000 de altura en los Andes centrales, una fundición metálica ha contaminado el aire, la tierra y el agua por décadas.

La fundición de La Oroya es propiedad de Doe Run Perú, que a través de una compleja red de filiales es controlada por el Grupo Renco. Renco es de propiedad de Ira Rennert, uno de los hombres más ricos de los Estados Unidos.

A los niños de La Oroya se les ha dado un respiro de nuevas emisiones, pero sólo porque Doe Run Perú ha cerrado la fundición después de reclamar dificultades financieras, en parte debido a sus obligaciones de corrección ambiental. La compañía ha fallado repetidamente en cumplir con sus plazos contractuales y legales para limpiar el sitio, y las autoridades peruanas han exigido los costos de limpieza en el contexto de las negociaciones de quiebra.

A la vista de esta acción, Renco ha tomado represalias, y demandó a Perú ante un tribunal de inversión internacional que se ha convocado bajo los términos del tratado de libre comercio EE.UU.-Perú. Renco está buscando $800 millones de dólares americanos en daños y perjuicios por el costo de cumplir con las leyes ambientales y mineras del Perú. La compañía también está exigiendo que el tribunal internacional emita una declaración que el Perú y no Renco, es el único responsable de las demandas por lesiones personales en un caso presentado en nombre de los niños de La Oroya ante un tribunal del estado de Missouri en los EE.UU.

La Crisis de salud en La Oroya

El Dr. Sanjay Gupta, en un especial de CNN del 2008 sobre el planeta en peligro, puso en el ojo público la controversia. "El envenenamiento de La Oroya, Perú ... Pilas de humo de una fábrica llamada la fundición de Doe Run Perú parada en lo alto del horizonte. Las rocas y los minerales son traídas aquí y procesadas ​​en metales como el plomo, el cobre y el zinc ... te voy a decir, se pueden saborear estas cosas en la parte posterior de la garganta. Te quema los ojos un poco. Es dióxido de azufre. Es arsénico. Es metal, y todos los subproductos que provienen de esta particular planta de fundición".

El Dr. Gupta entrevistó a Fernando Serrano, un experto en salud pública de la Universidad de San Luis, quien ha llevado a cabo la investigación científica en La Oroya. Serrano dice que los niños de entre 6 y 12 años de edad que viven en la ciudad de La Oroya, el 97 por ciento tienen niveles peligrosamente altos de plomo en la sangre.

La Asociación Interamericana para la Defensa del Medio Ambiente en el 2002 publicó los resultados de un estudio exhaustivo de los efectos de la contaminación en La Oroya. Las muestras de sangre de los niños mostraron niveles de plomo en más de diez años de antigüedad, superior a tres veces el máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud — más que suficiente para causar daño cerebral. Los niveles de dióxido de azufre en el aire en La Oroya estaban en un promedio de dos o tres veces más altos que los estándares de la Organización Mundial de la Salud.  La contaminación de Dióxido de azufre daña los pulmones y conduce a mayores tasas de mortalidad. El arsénico se detectó en el aire en los niveles asociados con el cáncer y problemas reproductivos, mientras que el cadmio, que puede dañar los riñones y pulmones, también se encontró.

Registro ambiental y financiero de Rennert

La fundición de La Oroya es propiedad indirecta y esta controlada a través de una serie de filiales corporativas, por el multimillonario Ira Rennert de EE.UU.  La primera vez que él llamó la atención de los medios en los EE.UU. fue a finales de 1990, cuando su gran planta de producción de magnesio en Utah fue clasificada por la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. como la número uno en su Inventario de Emisiones Tóxicas. Recientemente, su compañía de magnesio se declaró en quiebra, lo que podría dejar a los contribuyentes con la factura de la limpieza de un complejo de evaporación de 84 millas cuadradas, cerca del Gran Lago Salado, que consiste en canales y estanques llenos de residuos de sal. Rennert también ha atraído la atención del público por sus generosas donaciones de campaña a políticos, su libre gasto en los grupos de presión de primer nivel [lobistas], y su construcción de una mansión de $170 millones de dólares en Long Island que se dice es la residencia privada más grande en los Estados Unidos.

La compañia matriz estadounidense, Renco, de Ira Rennert, actuando a través de intermediarios entre ellos Doe Run Perú, adquirió el control indirecto pero eficaz del complejo metalúrgico en La Oroya en 1997. Jeffery Zelms, uno de los principales ejecutivos de Rennert, dijo que dicha adquisición de la instalación de La Oroya se ajusta al plan estratégico de negocios de la empresa. ”Nosotros tuvimos que tomar en cuenta el tremendo clima negativo de negocios en los EE.UU. hacia las empresas de recursos naturales.”

Con lo que Zelms no contaba era que las puertas de los tribunales en el Estado de Missouri, EE.UU. estaban abiertos a los niños de La Oroya. Missouri y otros estados de Estados Unidos permiten que los demandantes extranjeros presenten demandas por lesiones personales en contra de las empresas ubicadas en el Estado si las decisiones empresariales que conducen a la lesión también se hicieron en el Estado.

La demanda en los tribunales de Missouri puede haber tenido alguna posibilidad razonable de éxito porque los ciudadanos del estado “Enseñame" han visto los peligros de una fundición metálica. Por ejemplo, una subsidiaria de Renco fue obligada a pagar una multa de $7 millones y gastar $65 millones para limpiar la contaminación tóxica de su refinería de plomo de Doe Run Missouri cerca de St. Louis.

Al parecer, para evitar un "clima de negocios negativo,” Ira Rennert invirtió en el Perú en 1997. Su compañía, Doe Run Perú, compró el complejo de La Oroya, que puede refinar ambos metales básicos como el plomo, el cobre y el zinc, y metales preciosos como el oro y la plata.  DRP se comprometió a pagar por una gran parte de la limpieza ambiental en el sitio de La Oroya, incluyendo la construcción de una nueva planta de ácido sulfúrico. Pero DRP nunca construyó la planta de ácido sulfúrico; tampoco logró cumplir con los plazos bajo su plan de reparación ordenada por el gobierno, a pesar de recibir dos extensiones en estos plazos en el 2006 y el 2009.

DRP afirmó que la crisis financiera global, junto con otros factores, le impidió cumplir con sus obligaciones de limpieza ambiental. Pero los críticos han sugerido que la carga de la deuda de la compañía era la principal causa de su incapacidad para cumplir sus promesas. Ellos afirman que la estrategia comercial de Ira Rennert es cargar filiales con deudas de los bonos basura y luego tener que pagar grandes dividendos al Grupo Renco, dejando a las filiales en peligro de insolvencia e incapaz de limpiar la contaminación tóxica que producen.

Lo que se sabe es que después de años de rentabilidad, que permitió pagar grandes dividendos a sus propietarios estadounidenses, Doe Run Perú reportó pérdidas en el 2008. Su línea de crédito fue cancelado en febrero del 2009, y dejaron de pagar a los proveedores. Aunque DRP obtuvo un préstamo grande y fue capaz de obtener un nuevo crédito de sus proveedores de minerales, la fundición de La Oroya cesó sus operaciones en junio del 2009 y 3,200 trabajadores fueron despedidos.

En agosto del 2009, DRP se metió en un procedimiento de quiebra en el Perú por uno de sus proveedores. Como era de esperar, la compañía se volvió irascible. El Ministerio de Energía y Minas del Perú solicitó $259 millones de dólares para completar las tareas de limpieza de la planta de La Oroya, así como para los gastos relacionados e intereses. Ira Rennert afirmó que la mayor parte de la deuda de Doe Run Perú se le debía a él.

En julio de 2010, el gobierno de Perú revocó la autorización de explotación de la planta de fundición de La Oroya, porque la empresa no había demostrado que podría asegurar la financiación para el proyecto. En marzo del 2011, recibió una multa de $2.5 millones por dejar de financiar la planta de azufre necesaria para reparar el sitio.

El 13 de abril de 2012, el procedimiento de quiebra de DRP en Perú llegó a un punto de inflexión dramática. Los acreedores de DRP rechazaron el plan de reestructuración de la empresas. El plan de la empresa para la reapertura del complejo de fundición habría requerido que el gobierno del Perú proporcione otra extensión en el plazo dado a DRP para completar sus obligaciones de limpieza. También habría requerido que el gobierno peruano asuma la responsabilidad financiera por las demandas por lesiones personales presentadas en los Estados Unidos en nombre de los niños de La Oroya.

La junta de acreedores votó para iniciar un proceso de "liquidación operativa" que podría dar lugar a que Renco perdiera el control de la instalación. Los acreedores podrían ya haber empezado a buscar otra empresa para operar la fundición de La Oroya. Bajo la "liquidación operacional" Renco retendrá el control del complejo de fundición durante seis meses con la oportunidad de pedir otra extensión de seis meses más, mientras, la fundición permanece cerrada pero a los trabajadores se les paga. Si Doe Run Perú no presenta oportunamente un plan revisado de reestructuración a la junta de acreedores que cuente con la aprobación de la junta, entonces es probable una liquidación.

Doe Run Perú demanda a bajo acuerdo comercial EE.UU.

El 29 de diciembre de 2010, la compañía de Ira Rennert, Renco, presentó su notificación de intención de demandar al Perú bajo los términos del capítulo de inversiones del tratado de libre comercio EE.UU.-Perú. Renco afirma que el hecho que Perú no compareciera y asumiera responsabilidad financiera por las demandas de Missouri, viola el contrato en virtud del cual ha adquirido el complejo metalúrgico en La Oroya por parte del gobierno de Perú. También afirma que el Perú debería haberle concedido extensiones adicionales para limpiar el sitio de La Oroya. Por lo tanto, Renco está exigiendo $ 800 millones de dólares de los contribuyentes peruanos en compensación por la carga que causa la interferencia del gobierno en sus negocios; también le está pidiendo al tribunal una declaración que la República del Perú es el único responsable de cualquier indemnización por daños resultantes de los litigios en EE.UU. 

El capítulo de inversiones del tratado de libre comercio EE.UU.-Perú permite a Renco y a sus filiales eludir los organismos y tribunales administrativos de Perú, a favor de un tribunal internacional de negocios amistosos.  El Tribunal Renco hará sus substanciales decisiones en base al texto del capítulo de inversiones del TLC y el derecho internacional consuetudinario, ambos serán interpretados a la luz de la finalidad del acuerdo: promover la inversión internacional. En otras palabras, los valores del comercio internacional pueden estar por sobre otros valores, como la protección del medio ambiente andino y la salud de los niños de La Oroya.

Al invocar el tratado EE.UU.-Perú y trayendo la demanda ante un tribunal internacional de inversiones, una compañía estadounidense como Renco, puede girar el caso a su favor con los reguladores del gobierno y exigir daños monetarios por el costo de poder cumplir con la salud pública, compensación financiera, y las medidas ambientales. Tal indemnización por daños, potencialmente puede incluir una compensación económica por la reducción del valor de su inversión a la luz de las menores expectativas de beneficios futuros. Los cínicos podrían decir que funciona como una especie de póliza de seguro para cubrir tu plan de negocios ante el riesgo de cambios inesperados en la política pública.

Estas indemnizaciones por daños pueden ser lo suficientemente grande como para desestabilizar los presupuestos públicos. Por ejemplo, Argentina se enfrenta ahora a miles de millones de dólares en posibles responsabilidades derivadas de demandas de inversores internacionales. La perspectiva de una sentencia catastrófica puede obligar a un país a alejarse de la protección del medio ambiente y la salud pública, el cual es un peligro en este momento en el Perú ya que contempla un reclamo de $ 800 millones de parte de Renco. Se ha especulado que el Perú puede considerar un retiro legal en sus demandas de cumplimiento ambiental en La Oroya, para permitir a la fundición volver a abrir sin una adecuada limpieza con el fin de que la gente vuelva al trabajo, restaurar las exportaciones rentables de metales refinados, y evitar la incertidumbre de una carga financiera derivada de la demanda de Renco. Por otra parte, la decisión del Perú del 13 de febrero para iniciar un proceso que puede conducir a la liquidación de Doe Run Perú sugiere que el gobierno no está de humor para retoceder.

Una clave para saber si el tribunal de Renco podría alguna vez ordenar al Perú pagar tal demanda masiva de daños se encuentra en un artículo en el capitulo de inversiones EE.UU.-Perú en materia de expropiación. El cual requiere que el Perú compense financieramente a los inversores de Estados Unidos si "directa o indirectamente" nacionaliza o expropia su inversión. Teniendo en cuenta los términos vagos como "expropiación indirecta", los árbitros tienen espacio para leer [e interpretar] el lenguaje de manera amplia o estricta. Es claro que si Doe Run Perú es finalmente liquidada como consecuencia de un procedimiento de quiebra, el argumento de Renco que su propiedad ha sido expropiada o nacionalizada será reforzada en cierta medida, al igual que su demanda de al menos $ 800 millones en daños y perjuicios.

Otra clave para saber si el tribunal podría ordenar al Perú el pago de daños se encuentra en un artículo del capítulo de inversiones EE.UU.-Perú en relación con el "mínimo estándar de trato conforme al derecho internacional", o MST. La obligación de MST, el cual incluye el derecho de "trato justo y equitativo", es un estándar vago que permite a los inversores extranjeros cuestionar las acciones del gobierno sobre la base de que son, o bien procesalmente o sustantivamente injustas de alguna manera fundamental.

Al igual que con muchas de las obligaciones en el capítulo de inversiones EE.UU.-Perú, la constatación de una violación del MST en ningún momento exige la prueba de daños contra los inversores extranjeros: MST es una norma absoluta que establece límites sobre el alcance de las medidas de política pública, independientemente de si se aplican de manera imparcial.

El concepto amorfo de "mínimo estándar de trato" podría permitir al tribunal una considerable discreción para decidir si el Perú estuvo comprometido en una extra limitación reglamentaria. Debido a que no existen criterios específicos en el cual se basa el concepto de MST, es difícil predecir si el tribunal Renco encontraría que una justicia básica de alguna manera ha sido negada. Sería una llamada en base a hechos y muy subjetiva: al igual que el concepto de obscenidad en el derecho constitucional de EE.UU., al cual el juez Potter Stewart hace referencia en la famosa, “yo sé cuando lo veo" estándar.

El lenguaje del MST ha sido leído ampliamente por algunos tribunales, mientras otros le han dado una interpretación restrictiva, es comprensible dada la falta de criterios para definirla.  Tal inconsistencia refuerza el argumento de que estos tribunales de inversión internacionales, no electos, están haciendo juicios que son más bien políticos o ideológicos en lugar de juicios de carácter judicial.

Las decisiones del tribunal sobre la aplicación del MST, expropiación, y otros conceptos vagos es probable que dependan en parte de los valores personales e instintos de los árbitros. La mayoría de los árbitros del tribunal son de los EE.UU. o de Europa Occidental y tienen una trayectoria en representación de negocios. Todos los árbitros seleccionados para sentarse en un tribunal particular son seleccionados sobre una base ad hoc, la mayoría de los cuales resuelven demandas en contra de los países en desarrollo como el Perú. Una vez que ellos [los árbitros] completan su trabajo como tribunales en un caso, es muy probable que regresen a representar a sus clientes de negocios, incluso como abogados de una corporación demandante en otro caso de inversión internacional.

No hace falta decir que los abogados del Perú, por lo tanto, tendrán dificultades para evaluar el riesgo legal de un fallo adverso en el caso Renco, y el Ministerio de Economía y los tenedores de bonos de finanzas del Perú tendrán dificultades para evaluar el riesgo financiero de un golpe de $ 800 millones de dólares al presupuesto público. Una vez más, esta incertidumbre legal y financiera es un incentivo para que el Perú arregle con Renco, e incluso relaje la aplicación de las normas de salud pública y ambiental en La Oroya.

Otra preocupación, que es inmediata y que es más importante que una indemnización que rompería el presupuesto, es el relativamente novedoso argumento de Renco que el tribunal tiene autoridad para interferir con las demandas presentadas en los Estados Unidos en nombre de los niños de La Oroya. Renco quiere que el tribunal ponga en efecto la emisión, de una orden para que la República del Perú tome medidas que exoneren de responsabilidad a Renco, bajo la ley de EE.UU., en una corte de EE.UU. En ninguna parte del texto del capítulo de inversión del acuerdo comercial entre Estados Unidos y Perú existe un lenguaje que le da poder a los tribunales internacionales de inversión de obligar a un gobierno democrático y soberano a tomar decisiones de política pública de esta manera, o para el caso, de interferir en los procesos en tribunales de Estados Unidos.

Para empeorar las cosas, Renco ya ha tenido éxito en interferir en las demandas de Missouri emprendida en nombre de los niños de La Oroya. En dos ocasiones, Renco trató de mover las demandas de Missouri a una Corte Federal más amigable con las corporaciones, pero se le negó dos veces. Después de demandar a Perú en el marco del TLC, Renco nuevamente trató de mover la demanda a una corte federal y tuvo éxito. Bajo la ley de EE.EE., la introducción de cuestiones internacionales de este tipo puede justificar la eliminación de un caso en una corte del Estado a la corte federal.  Podría decirse que una de las motivaciones de Renco para la presentación de su demanda de inversión en virtud del tratado TLC EE.UU.-Perú puede haber sido para eliminar las demandas de Missouri a la corte federal.

El gran enfriamiento o una batalla hasta el final 

Todd Tucker, el director de investigación de Global Trade Watch, señala dos implicaciones del caso de Renco Vs Perú. En primer lugar, la mera amenaza de este tipo de litigios de inversión internacional tiene un efecto escalofriante. Se puede efectivamente poner presión sobre los gobiernos para debilitar las políticas ambientales y de salud. El gobierno del Perú podría suavizar sus planes para limpieza de La Oroya. En segundo lugar, las empresas buscan cada vez más evadir la justicia en los tribunales nacionales mediante la manipulación del proceso internacional de arbitraje inversionista-Estado. Sin duda Renco estuvo motivado en su demanda de inversión contra el Perú, en parte, para evadir el sistema de justicia civil en Missouri.

Las consecuencias del caso Renco, sin embargo, pueden ser mucho más graves, especialmente teniendo en cuenta los acontecimientos del viernes, 13 de abril en un procedimiento de quiebra en el Perú.  Doe Run Perú está ahora en peligro de ser forzada a una liquidación. Ira Rennert podría perder la propiedad del complejo metalúrgico en La Oroya, y si se llega a eso, sus abogados probablemente la caracterizarían como una nacionalización directa de su propiedad.  Esto podría convertirse en una batalla con un final amargo: forzar al Perú a capitular aceptando una solución de un solo lado, o dejando que el tribunal decida si le concede tanto como $ 800 millones en daños y perjuicios. Y que entonces va a ser de los niños de La Oroya.

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